Protestas en Irán dejan al menos 65 muertos y miles de detenidos en medio de un apagón informativo

La ola de protestas contra el régimen iraní atraviesa uno de sus momentos más críticos tras reportes de al menos 65 personas fallecidas y más de 2.300 arrestadas en distintos puntos del país. El saldo humano refleja la magnitud de unas manifestaciones que comenzaron por el deterioro económico y la inflación, pero que rápidamente evolucionaron hacia un desafío abierto al poder político y al aparato de seguridad del Estado.

La dimensión territorial de las protestas confirma su carácter nacional. Registros de organizaciones de derechos humanos indican movilizaciones en más de 500 puntos distribuidos en cerca de 180 ciudades, un despliegue inusual incluso para los estándares de inconformidad social en Irán. Entre las víctimas mortales se cuentan mayoritariamente manifestantes, así como miembros de las fuerzas de seguridad y un civil vinculado al Gobierno, lo que evidencia la escalada del conflicto.

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El contexto informativo se ha visto severamente restringido por un apagón casi total de Internet y telecomunicaciones, lo que dificulta establecer cifras definitivas y verificar de manera independiente los reportes de víctimas y detenciones. La interrupción de la conectividad ha afectado no solo a las redes sociales y sitios internacionales, sino también a servicios financieros básicos, con bancos prácticamente inoperantes y sectores económicos paralizados.

En las calles de Teherán, el bloqueo digital ha tenido un efecto inesperado. Habitantes de la capital relatan que la falta de acceso a información, sumada al hartazgo económico, ha incentivado a más personas a sumarse a las protestas. Con mensajes de texto bloqueados y solo llamadas de voz disponibles, la comunicación se ha trasladado a plataformas nacionales altamente vigiladas, varias de las cuales también dejaron de funcionar en las últimas horas.

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La respuesta del Estado ha combinado control tecnológico y un discurso de confrontación. El alto mando del Ejército llamó a la unidad nacional y acusó a actores externos de fomentar los disturbios, vinculando las protestas a supuestos complots extranjeros y a conflictos recientes con Israel. Desde la narrativa oficial, la prioridad es resguardar la infraestructura estratégica y mantener el orden público frente a lo que se define como una amenaza a la seguridad nacional.

Las manifestaciones, sin embargo, tienen raíces económicas profundas. Lo que inició como protestas en bazares de Teherán por el alza de precios se extendió a todo el país, alimentado por la pérdida del poder adquisitivo, el desempleo y el descontento generalizado con un modelo económico que mantiene amplios sectores de la población bajo presión constante.

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En el plano político, figuras de la oposición en el exilio han intentado capitalizar el momento. Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, llamó a una huelga nacional de dos días e instó a trabajadores de sectores estratégicos como transporte, energía, petróleo y gas a paralizar actividades. También convocó a ocupar espacios públicos y a sostener las protestas, aunque su nivel real de apoyo dentro del país sigue siendo incierto.

La crisis iraní ha trascendido fronteras y provocado reacciones internacionales. Desde Estados Unidos se han expresado mensajes de respaldo a los manifestantes, acompañados de advertencias sobre posibles represalias si se intensifica la represión. Teherán, por su parte, ha respondido acusando a Washington de instigar las protestas, elevando el tono de un conflicto que combina presión interna y tensiones geopolíticas.

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