SNTE BCS defiende a docentes y explica cómo opera el protocolo ante casos de violencia escolar

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Baja California Sur afirmó que el magisterio no tiene funciones de Ministerio Público, pero sí existen protocolos establecidos para atender a alumnos que sean víctimas de violencia y para actuar cuando un trabajador es señalado por este tipo de conductas, en respuesta a una iniciativa legislativa en análisis en el Congreso del estado.

El dirigente de la Tercera Sección del SNTE en BCS explicó que, conforme a la norma interna, cualquier docente que tenga conocimiento de una posible situación de violencia debe informar de inmediato a su superior jerárquico —el director del plantel o el supervisor— para que la autoridad competente presente la denuncia correspondiente. “No somos Ministerio Público… cuando el niño de manera libre lo comunica, sí hay un protocolo ya existente”, sostuvo.

Sobre el procedimiento cuando un trabajador educativo es acusado, el líder sindical señaló que la respuesta es la separación inmediata del centro escolar, aunque el docente no pierde su empleo; es reubicado en una oficina mientras avanza la investigación tanto para proteger a los estudiantes como para salvaguardar la integridad del propio trabajador. Asimismo, recordó que, durante 2024, de más de 30 casos reportados, el 95 % se resolvió como acusaciones sin sustento.

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El anuncio se da en un contexto donde el Congreso de BCS analiza una iniciativa que propone sancionar a docentes que omitan denunciar agresiones hacia menores, eliminando mediación y fortaleciendo la obligación de reportar.

El SNTE adelantó que sostendrá reuniones con los legisladores para revisar el espíritu de la propuesta y aportar consideraciones, enfatizando que su prioridad es la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como el respeto al debido proceso del personal docente.

La postura sindical busca equilibrar la protección de la comunidad estudiantil con procedimientos que eviten acusaciones infundadas o motivadas por malentendidos, sin excluir la importancia de denunciar ante las autoridades competentes cuando existan hechos comprobados.

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