Tensión en el transporte turístico: denuncian conflicto de interés y presiones en BCS

El Frente de Transportadoras Turísticas de Baja California Sur fijó su postura ante el conflicto que mantiene con el Gobierno estatal por la implementación del Sistema Estatal de Transporte Privado y Comercial (SISTPC), al que se oponen por considerar que vulnera sus derechos como permisionarios federales.

Las empresas, que operan bajo permisos otorgados por la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, argumentan que no están legalmente obligadas a registrarse en una plataforma administrada por el estado. Sostienen que el SISTPC impone condiciones restrictivas, como una contratación mínima de 70 horas, que afecta su modelo de operación.

A pesar de la intervención de la subsecretaria de la SICT a nivel federal, Tania Carro, los transportistas señalaron que la propuesta de integración al SISTPC contraviene su marco jurídico federal. También denunciaron que su propuesta alternativa —un modelo de autorregulación con órdenes de servicio digitales supervisadas— no fue tomada en cuenta por las autoridades estatales.

Uno de los señalamientos más graves fue el presunto conflicto de interés del titular estatal de Transporte, Martín Salinas, quien, según el Frente, también es concesionario del sector.

Además, criticaron la falta de acciones de la SICT y la Guardia Nacional para exigir el cumplimiento de trámites como los permisos de extensión de rutas, requeridos para viajes mayores a 30 kilómetros en carretera federal. Aseguran que la omisión institucional ha propiciado un ambiente de presión y tensión, con incidentes como la rotura del cristal de una de sus unidades, presuntamente causada por otro concesionario.

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El pasado 13 de agosto, algunos integrantes del Frente realizaron una manifestación en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos. Poco después, el director estatal de Transporte declaró en entrevista con Tribuna de México que ya existía un acuerdo con el gremio para operar dentro del SISTPC, afirmación que fue rechazada por los transportistas.

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno de Baja California Sur no había emitido una postura oficial sobre el tema.

Por su parte, el sector empresarial local advirtió que Los Cabos no puede convertirse en rehén ante desacuerdos de ciertos sectores, y llamó a resolver las diferencias sin afectar la imagen ni la operación del

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