Trump presiona a México con posible ofensiva militar: “Claro que lo haría”
La relación entre México y Estados Unidos entra nuevamente en una fase de tensión después de que Donald Trump declarara estar dispuesto a lanzar operaciones militares en territorio mexicano similares a los ataques ejecutados contra lanchas de presuntos narcotraficantes venezolanos. La afirmación, hecha en una entrevista con Politico, reactivó el debate sobre la soberanía mexicana y el alcance de la estrategia antidrogas de Washington.
La postura del presidente estadounidense surge en un contexto de creciente presión sobre los países señalados como responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Aunque la propia entrevista subraya que Venezuela no es un proveedor clave de esta droga, Trump respondió sin titubeos que “claro” consideraría replicar acciones militares contra México y Colombia, lo que lo coloca nuevamente del lado de las propuestas más agresivas dentro de su administración.
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La estrategia de ataques a embarcaciones venezolanas ya había generado críticas en México, particularmente por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que cualquier operación de ese tipo debía apegarse al derecho internacional. Su postura se fortaleció tras el bombardeo ocurrido a finales de octubre, a 800 kilómetros al sur de Acapulco, donde la participación mexicana se limitó a intentar rescatar posibles sobrevivientes, sin éxito.
El episodio aceleró negociaciones bilaterales que derivaron en un acuerdo peculiar: la Secretaría de Marina sería la encargada de interceptar embarcaciones sospechosas cuando se encuentren cerca de costas mexicanas o en aguas internacionales, siempre a partir de información compartida por agencias estadounidenses. Con ello, Sheinbaum buscó mantener control mexicano bajo un esquema cooperativo, evitando que fuerzas estadounidenses actuaran de manera unilateral.
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El giro más reciente proviene de la ofensiva política de Trump, que ya había declarado como organizaciones terroristas a los principales cárteles mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el CJNG, la Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo. La designación abrió la puerta a justificar intervenciones más contundentes, aun cuando la administración estadounidense no ha detallado qué tipo de operaciones implicaría esa clasificación.
La retórica se endureció además con los dichos de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Trump, quien advirtió que los líderes criminales mexicanos serían perseguidos como en su momento se enfrentó a Al-Qaeda. Su declaración, interpretada como un anticipo de operaciones extraterritoriales, revivió temores sobre un enfoque militarizado que pondría en riesgo la relación bilateral y el equilibrio regional.
La respuesta de Sheinbaum fue firme y directa: México no aceptará injerencias ni intervenciones extranjeras. La presidenta reiteró que la defensa de la soberanía es un principio irrenunciable y que cualquier cooperación con Washington debe ajustarse al marco legal y al respeto mutuo. Su postura marca un contraste claro con el clima de presión generado por la Casa Blanca, que busca resultados rápidos en su campaña contra el fentanilo.
El cierre del año se complica con esta nueva escalada verbal, que coloca a México en una posición delicada entre la cooperación en seguridad y la necesidad de contener cualquier insinuación de acciones militares estadounidenses en su territorio. El intercambio confirma que la relación bilateral se moverá en un terreno más ríspido mientras Trump mantenga un enfoque de confrontación directa contra los grupos criminales mexicanos.
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