Atoyac en riesgo: Conagua revela aumento crítico de descargas irregulares en el río

La contaminación del río Atoyac volvió a encender alarmas nacionales luego de que la Comisión Nacional del Agua confirmara un incremento del 160% en descargas irregulares, un repunte que rompe todos los registros previos y obliga a reforzar la intervención en una de las cuencas más deterioradas del país. El hallazgo coloca nuevamente a la región en un punto crítico.

El aumento de vertimientos clandestinos revela un deterioro que avanza más rápido que los esfuerzos por sanear la cuenca. Las comunidades ribereñas han reportado cambios en el color, olor y sedimentación del agua, señales asociadas a descargas industriales y urbanas que operan sin autorización o fuera de norma. La situación compromete usos agrícolas y domésticos, además de la salud pública.

Ante este escenario, Conagua informó que mantiene operativos permanentes para identificar tomas irregulares, clausurar puntos de descarga y sancionar a quienes incumplan la normatividad. La dependencia aseguró que la restauración del Atoyac requiere un reforzamiento institucional y la cooperación de municipios, estados y empresas de la región.

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Al mismo tiempo, el proyecto de recuperación integral del Atoyac sigue en marcha con acciones de monitoreo, inspección y modernización de infraestructura hidráulica. Estas medidas buscan frenar la degradación, pero el nuevo repunte de contaminantes obliga a revisar estrategias y ampliar capacidades técnicas y legales.

La contaminación histórica del Atoyac no solo es consecuencia de descargas ilegales, sino también de plantas de tratamiento insuficientes o fuera de operación, así como de la falta de vigilancia real en tramos donde convergen industrias químicas, textiles y agroalimentarias. La presión social vuelve a crecer ante los nuevos reportes.

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El aumento de descargas irregulares deja claro que la recuperación del Atoyac será un proceso de largo plazo y alta complejidad. La región enfrenta el reto de equilibrar actividades económicas con un entorno que ya muestra signos de agotamiento ecológico, lo que obliga a replantear prioridades ambientales y mecanismos de cumplimiento normativo.

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