Estados Unidos cierra créditos a migrantes con green card y endurece acceso a préstamos para pequeños negocios

La política crediticia para pequeñas empresas en Estados Unidos dio un giro restrictivo al excluir a los trabajadores migrantes con residencia permanente del acceso a préstamos oficiales, luego de que la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) confirmara que, a partir del 1 de marzo, los titulares de la llamada green card dejarán de ser elegibles para este tipo de financiamiento.

La decisión impacta de lleno a los préstamos 7(a), el programa más utilizado de la SBA para capital de trabajo, expansión y adquisición de activos, con montos que pueden alcanzar hasta cinco millones de dólares. Desde ahora, solo podrán acceder empresas cuya propiedad sea 100 por ciento estadounidense y cuyos dueños residan dentro del país, dejando fuera a residentes permanentes que, hasta hace poco, calificaban bajo ciertos criterios.

El endurecimiento no surgió de forma aislada. En diciembre pasado, la SBA ya había reducido el margen de participación extranjera permitido, al limitarlo a un máximo de 5 por ciento, incluso cuando se tratara de titulares de residencia permanente o ciudadanos estadounidenses que vivieran fuera del territorio nacional. Ese ajuste marcó un punto de quiebre para miles de pequeños empresarios.

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El memorando emitido esta semana eliminó por completo esa excepción y cerró cualquier posibilidad de acceso al crédito para migrantes con estatus legal permanente, aun cuando su negocio opere y genere empleo dentro de Estados Unidos. El cambio contrasta con el esquema previo, vigente antes de la actual administración, cuando bastaba con que el 51 por ciento de la empresa perteneciera a un ciudadano estadounidense residente en el país.

La nueva regla se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno del presidente Donald Trump para reforzar los controles de ciudadanía en programas federales, una postura que ha sido interpretada por críticos como una política de exclusión económica hacia comunidades migrantes que participan activamente en el desarrollo local.

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Desde el Congreso, la reacción no se hizo esperar. El senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez, figuras clave en los comités de Pequeñas Empresas del Senado y la Cámara de Representantes, condenaron públicamente la decisión y acusaron a la SBA de abandonar su mandato de apoyo al emprendimiento.

Ambos legisladores señalaron que, en lugar de respaldar a inmigrantes legales que buscan iniciar o expandir negocios, la agencia optó por una medida que discrimina por estatus migratorio. En su pronunciamiento, afirmaron que negar préstamos a titulares de residencia permanente debilita a la economía local y castiga a empresarios que cumplen con la ley.

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Markey recordó además que desde septiembre pasado recibió advertencias directas de prestamistas asociados a la SBA sobre los problemas operativos derivados de los requisitos de verificación de ciudadanía, los cuales ya estaban ralentizando la colocación de créditos incluso antes de la nueva prohibición.

En diciembre, los demócratas del Comité de Pequeñas Empresas del Senado enviaron una carta formal a la SBA para expresar su preocupación por la caída en el volumen de préstamos y por las barreras impuestas a solicitantes legales, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta oficial, lo que añade tensión política a una medida que entrará en vigor en cuestión de semanas.

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