Sin pruebas y con supuestos, la FGE de Baja California atribuye a fuga de información el supuesto hackeo

La filtración masiva de información personal detectada en dependencias del gobierno de Baja California no fue consecuencia de un ataque cibernético, sino de una fuga de información cuya ruta aún se investiga, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana del estado, Laureano Carrillo Rodríguez. La aclaración surge tras la difusión de datos sensibles que generó preocupación por la posible vulneración de sistemas oficiales.

La evaluación inicial de las autoridades estatales apunta a que la información comprometida pertenece, hasta ahora, a la Fiscalía General del Estado y al Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado, aunque no se descarta que otras dependencias puedan estar involucradas. El alcance real del caso continúa bajo análisis conforme avanzan las revisiones internas.

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El secretario explicó que, una vez detectada la filtración, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estableció contacto directo con las instituciones señaladas para conocer su postura y revisar sus sistemas. En este proceso, subrayó, no se encontraron indicios técnicos que permitan sostener la hipótesis de un hackeo o intrusión externa en las plataformas gubernamentales.

La naturaleza de la filtración, señaló Carrillo Rodríguez, sugiere un origen distinto al de los ataques cibernéticos tradicionales, ya que una fuga de información puede generarse desde el interior de las propias dependencias. En este escenario, cualquier persona con acceso autorizado a bases de datos o archivos clasificados podría divulgar información personal o sensible sin necesidad de vulnerar sistemas.

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Uno de los elementos que refuerzan esta línea de investigación es la ausencia de contacto por parte de grupos de hackers o actores especializados en delitos informáticos, quienes usualmente se adjudican este tipo de incidentes o buscan algún tipo de beneficio. Hasta el momento, ninguna de las instituciones afectadas ha recibido comunicaciones de esa naturaleza.

El funcionario también descartó que existan antecedentes de ataques cibernéticos contra dependencias estatales durante la actual administración, al precisar que no se tienen reportes previos de incidentes similares. Esta falta de historial refuerza la hipótesis de una filtración interna más que de una ofensiva digital organizada.

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Mientras se mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció el reforzamiento de su área de Policía Cibernética. El objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención, control de accesos y protección de datos, a fin de reducir el riesgo de nuevas fugas de información.

El caso ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad que representan los factores humanos en el manejo de información gubernamental y la necesidad de robustecer los protocolos internos. Más allá de la tecnología, el episodio evidencia que la seguridad de los datos depende también de controles administrativos, supervisión constante y una cultura institucional de protección de la información.

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