IMSS destina más del 66% en pensiones y jubilaciones; el resto lo destina para sueldos y gastos operativos

El peso de las pensiones en las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social volvió a quedar en evidencia: entre enero y noviembre del año pasado, el organismo destinó 66.5% de todo su gasto ejercido al pago de pensiones y jubilaciones, una proporción que confirma que el retiro de millones de trabajadores se ha convertido en el principal compromiso presupuestal del instituto.
El volumen del gasto refleja la magnitud del desafío. En ese periodo, el IMSS ejerció un gasto programable de 1 billón 342,753 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento anual de 10.2%, impulsado principalmente por el aumento en las erogaciones asociadas al retiro laboral. No se trata de un ajuste marginal, sino de una tendencia que se consolida año con año.
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Del total ejercido, 893,380 millones de pesos se canalizaron al pago de pensiones y jubilaciones, un monto que creció 12.3% anual y que, en términos prácticos, significa que por cada 100 pesos gastados por el IMSS, casi 67 se destinaron a cubrir obligaciones pensionarias, dejando un margen cada vez más estrecho para otros rubros operativos y de inversión.
La comparación histórica subraya la aceleración del fenómeno. En el mismo periodo del año previo, el gasto en pensiones representó 65.3% del total, por lo que el incremento de más de un punto porcentual en solo un año confirma que este rubro gana terreno dentro del presupuesto, desplazando de forma gradual otros componentes del gasto institucional.
La presión se agrava al contrastar estos desembolsos con los ingresos propios del instituto. Entre enero y noviembre, el IMSS reportó ingresos por 591,673 millones de pesos, apenas 0.9% más que un año antes, una cifra muy inferior al monto destinado a pensiones, lo que evidencia que las contribuciones y cuotas no alcanzan para cubrir esta obligación central.
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En la práctica, el sistema opera con un fuerte respaldo fiscal. Especialistas han señalado que la mayor parte de las pensiones que paga el IMSS se cubren mediante transferencias directas del gobierno federal y gasto corriente, especialmente las correspondientes al régimen de 1973, mientras que solo una fracción menor proviene del esquema de cuentas individuales administradas por las Afores.
Este desequilibrio ha sido descrito desde hace años como una “bomba de tiempo” financiera, vinculada directamente con el cambio en la pirámide poblacional. El envejecimiento de la población no solo incrementa el número de pensionados, sino que reduce la base relativa de trabajadores activos que sostienen el sistema mediante sus aportaciones.
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Las proyecciones demográficas refuerzan la advertencia. Para 2025, la población mayor de 60 años en México se estimó en 17.1 millones de personas, equivalentes a 12.8% del total; hacia 2050, este grupo alcanzaría 35.4 millones, 24.1% de la población, superando en tamaño a niños y jóvenes, con implicaciones directas en la sostenibilidad fiscal y social del país.
Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda ha reconocido que la transición demográfica generará una mayor demanda de servicios de salud y un aumento sostenido en las obligaciones del Estado para financiar pensiones contributivas y no contributivas, un reto estructural que coloca al IMSS en el centro del debate sobre el futuro del sistema de seguridad social en México.
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