Pedro Sánchez regulariza 500 mil indocumentados aún cuando los españoles rechazaron la propuesta

La defensa pública que hizo Pedro Sánchez de la regularización de medio millón de inmigrantes sin papeles colocó de nuevo la política migratoria española en el centro del debate internacional, aunque también evidenció una brecha cada vez más profunda entre el discurso del gobierno y el sentir de amplios sectores de la sociedad española. El presidente del gobierno presentó la medida como una decisión inevitable y virtuosa, pero sin reconocer el desgaste político y social que ha generado dentro del país.

La explicación oficial fue expuesta en una tribuna publicada en The New York Times, donde Sánchez calificó el decreto aprobado por su Ejecutivo como una respuesta tanto moral como pragmática. Desde su perspectiva, España no solo tiene la obligación ética de acoger a migrantes, sino la necesidad económica de hacerlo ante el envejecimiento demográfico que enfrenta Occidente.

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El mandatario sostuvo que su gobierno optó por una vía “rápida y sencilla” de regularización frente a lo que calificó como políticas de persecución y deportación aplicadas por otros países. Sin embargo, la narrativa internacional contrasta con un escenario interno marcado por tensiones sociales, presión sobre servicios públicos y un debate político cada vez más polarizado sobre los límites de la acogida.

En el plano moral, Sánchez apeló a la memoria histórica de España como nación de emigrantes, recordando las oleadas migratorias de las décadas de 1950 y 1960, así como las posteriores a la crisis financiera de 2008. Bajo ese argumento, planteó que el país tiene el deber de convertirse en la sociedad abierta y tolerante que muchos españoles esperaron encontrar cuando emigraron al extranjero.

El segundo eje de su defensa se centró en razones estrictamente económicas y demográficas. Según el presidente del gobierno español, la baja natalidad amenaza la sostenibilidad de las economías occidentales y de sus sistemas de bienestar, por lo que la migración se vuelve un factor estructural para mantener el crecimiento y los servicios públicos.

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Sánchez reconoció que la migración implica desafíos relevantes, pero rechazó que estos estén ligados a factores culturales, religiosos o raciales. Atribuyó los principales problemas a dinámicas que también afectan a los ciudadanos nacionales, como la pobreza, la desigualdad, los mercados no regulados y las barreras de acceso a la educación y la salud.

El mensaje incluyó una crítica directa a líderes alineados con el estilo político del movimiento MAGA, a quienes acusó de presentar la acogida migratoria como un acto suicida o propio de países en decadencia. Frente a ello, afirmó que España atraviesa un periodo de fortaleza económica, con tres años consecutivos de crecimiento destacado en Europa, creación récord de empleo y una tasa de desempleo por debajo del 10 %.

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Para el jefe del Ejecutivo, este desempeño económico es resultado de una agenda inclusiva que considera a los migrantes como socios necesarios del desarrollo. Sin embargo, el discurso omite el creciente malestar ciudadano que percibe una desconexión entre las decisiones del gobierno y la capacidad real de integración social, alimentando la sensación de que la política migratoria se define más desde foros internacionales que desde el pulso interno del país.

El planteamiento de Sánchez concluye con una advertencia ideológica: las naciones occidentales deberán elegir entre cerrarse y empobrecerse o abrirse y prosperar. Una dicotomía que, para muchos críticos, simplifica un debate complejo y deja fuera la necesidad de consensos sociales amplios en una materia que afecta directamente a la cohesión nacional.

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