Playa del Carmen, atrapada entre obras mal planeadas y extorsión policial

La llegada de la temporada alta turística ha exhibido con crudeza un problema estructural en Playa del Carmen: el colapso vial combinado con prácticas sistemáticas de corrupción que afectan por igual a locales, residentes y visitantes. Lejos de ser un fenómeno aislado, el desorden urbano se ha convertido en parte del paisaje cotidiano de uno de los destinos más importantes del Caribe mexicano.

Uno de los focos del conflicto se localiza en la 10ª Avenida Norte, entre las avenidas Constituyentes y CTM, donde trabajos municipales transformaron una vialidad de doble sentido en una calle de circulación única de sur a norte. La intervención incluyó un paseo peatonal más amplio y supuestas mejoras para bicicletas y scooters, pero en los hechos redujo la capacidad de tránsito y provocó cuellos de botella constantes en una zona clave para la movilidad urbana.

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El problema se agrava por la saturación de vehículos de servicio. En Playa del Carmen hoy circulan más taxis, choferes de colectivos, operadores turísticos y repartidores en motocicleta que peatones o automóviles particulares. La convivencia vial es inexistente: los conflictos entre taxistas, colectiveros y servicios de reparto son permanentes, sin reglas claras ni autoridad efectiva que ordene el flujo.

A este escenario se suma la actuación de personal vinculado al control del parquímetro, quienes se desplazan en bicicleta sin ser policías y solicitan la presencia de agentes únicamente para dar fe mientras colocan bloqueadores de llanta. La práctica ha sido señalada por ciudadanos como un mecanismo recaudatorio agresivo, aplicado sin criterios homogéneos y con escasa información para el usuario.

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Más delicada aún es la conducta de elementos de tránsito y policías turísticos, acusados de detener a turistas bajo supuestas infracciones inexistentes para exigir pagos fuera de la ley, sin boletas ni registros oficiales. Los residentes locales denuncian que estas prácticas no distinguen nacionalidad ni condición, y que forman parte de una extorsión cotidiana normalizada por la falta de sanciones internas.

La percepción de abuso se extiende a los retenes móviles instalados por fuerzas federales como la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército. Conductores y turistas reportan revisiones arbitrarias que, en algunos casos, derivan en intentos de extorsión mediante la exhibición de supuestas sustancias ilícitas, un señalamiento grave que deteriora la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad.

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Mientras tanto, el discurso oficial presume a Playa del Carmen como uno de los municipios más seguros del país, apoyado en la adquisición y despliegue masivo de patrullas. Sin embargo, esa narrativa omite el costo que pagan ciudadanos y visitantes frente a prácticas que no solo vulneran derechos, sino que afectan directamente la imagen del destino.

El desorden se completa con la proliferación de comercio ambulante, precios inflados, propinas cargadas de forma obligatoria en las cuentas y una presencia excesiva de fuerzas armadas en zonas turísticas. Para muchos visitantes, el resultado es una experiencia marcada por la sensación de abuso, inseguridad y engaño, muy lejos del paraíso que se promociona en campañas oficiales.

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