Nueva ley del agua promete limpiar la corrupción y cerrar el mercado negro en México

La propuesta de reforma hídrica que actualmente se prepara para su discusión en la Cámara de Diputados busca transformar el régimen del agua en México: eliminar el mercado negro, regularizar concesiones y garantizar que el agua deje de considerarse una mercancía. 

De aprobarse, la nueva Ley General de Aguas —junto con las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales— impondría un sistema de concesiones ordenado, transparente y público, con plena certeza jurídica, procurando una distribución justa del recurso.

Uno de los ejes centrales es erradicar las prácticas abusivas que durante décadas permitieron a particulares acumular múltiples títulos de concesión, concentrando vastos volúmenes de agua, mientras comunidades, pequeños productores y zonas rurales carecían del líquido básico.

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El planteamiento del organismo coordinado por Efraín Morales López considera que quienes hoy reciben agua gratuita pero la revenden para lucro dejarán de poder hacerlo, bloqueando redes de venta ilegal, acaparamiento y sobreexplotación que socavan el derecho humano al agua. 

La reforma también preserva el llamado “binomio tierra-agua”: las concesiones heredadas o vendidas seguirán vigentes bajo los mismos volúmenes, tiempos y usos originalmente otorgados, despejando temores sobre pérdida de derechos patrimoniales.

A pesar de este diseño, el proyecto genera resistencia: voces del sector agrícola advierten que los cambios podrían afectar la producción, amenazar el patrimonio de miles de familias y vulnerar la seguridad alimentaria del país.

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Además, algunos señalan que la iniciativa concentra demasiado poder en la autoridad hídrica, lo que podría implicar usos políticos o generar nuevos desequilibrios en territorios donde las comunidades dependen del acceso al agua para su sustento.

En este contexto, la discusión legislativa anticipa tensiones entre la urgencia de garantizar agua como derecho universal y la necesidad de proteger los intereses del campo y las comunidades tradicionales. La decisión que tomen los diputados definirá si el agua dejará de ser mercancía para convertirse en bien común.

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