Aduanas ya decomisa autos “chocolate” regularizados con coyotes en México

El fin definitivo del decreto de regularización de autos de procedencia extranjera detonó una nueva etapa de fiscalización en Baja California, donde autoridades aduaneras ya iniciaron decomisos de vehículos con placas mexicanas al detectar irregularidades en su ingreso al país, particularmente en unidades amparadas de forma indebida durante los últimos cuatro años.

El cambio de criterio quedó marcado desde el 17 de enero de 2026, fecha en la que concluyó el esquema presidencial que permitió la regularización masiva de vehículos. A partir de entonces, portar placas oficiales dejó de ser una garantía frente a la autoridad federal, sobre todo en la franja fronteriza, donde las revisiones se han intensificado en garitas como Tijuana y Mexicali.

El núcleo del problema está en la trazabilidad de los vehículos. Sistemas del SAT y de la Aduana de Tijuana comenzaron a cruzar información con bases de datos internacionales, como los historiales vehiculares de Estados Unidos, lo que permite identificar de inmediato autos que ingresaron a México después de octubre de 2021 o que no cumplen con los requisitos de número de serie, aun cuando fueron “regularizados”.

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La figura del amparo, ampliamente utilizada durante la vigencia del decreto, se convirtió en el principal foco de fraude. Miles de unidades fueron legalizadas mediante recursos judiciales que hoy están siendo invalidados, al comprobarse que se usaron para evadir los límites del programa. Una parte significativa de los casi 500 mil autos regularizados en el estado quedó atrapada en esta revisión.

El riesgo se vuelve crítico para quienes intentan cruzar a Estados Unidos. Agentes aduanales advierten que, al llegar a la garita, basta con escanear placas o chips para detectar inconsistencias en el historial del vehículo. En esos casos se activa un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera que deriva en el decomiso inmediato por contrabando.

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La consecuencia práctica es la pérdida casi total del patrimonio. Recuperar un vehículo embargado implica procesos legales largos y costosos que, en la mayoría de los casos, superan el valor comercial de la unidad, dejando sin margen de maniobra a los propietarios que invirtieron entre 20 y 30 mil pesos en la supuesta regularización.

El endurecimiento de la fiscalización también reavivó las críticas al decreto por sus efectos colaterales. Especialistas del sector aduanal sostienen que el programa no logró mejorar la seguridad pública y, en cambio, abrió la puerta a abusos, corrupción y un contrabando hormiga que afectó a la industria formal de autos usados.

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Las cifras fiscales refuerzan ese diagnóstico. En 2025, solo una tercera parte de los propietarios de autos regularizados cumplió con el refrendo de la tarjeta de circulación, mientras que el mercado legal de vehículos reportó desplomes históricos en ventas, al competir contra unidades que nunca pagaron una importación definitiva.

Para 2026, el mensaje de las autoridades es claro: la etapa de tolerancia terminó. Cualquier vehículo que no pueda demostrar un ingreso legal, transparente y verificable al país enfrenta el riesgo real de ser decomisado, aun cuando cuente con placas estatales y documentación aparentemente en regla.

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