Hoteleros de Quintana Roo quedan fuera del cobro del Visitax tras fuerte presión del sector

La estrategia fiscal del Visitax volvió a replantearse en Quintana Roo después de que el gremio hotelero lograra que el gobierno estatal retirara la intención de convertirlos en retenedores del impuesto turístico. La decisión, confirmada por la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, evita que el sector absorba una responsabilidad operativa y legal que, según empresarios, era inviable desde cualquier ángulo técnico. Con ello, la administración de Mara Lezama frena un plan que había generado tensiones y preocupación en uno de los pilares económicos del estado.

El viraje se produjo tras una serie de reuniones entre representantes hoteleros y autoridades estatales, donde el mensaje fue contundente: el sistema propuesto no funcionaría en la práctica. Toni Chaves, presidente del organismo hotelero, explicó que el gobierno finalmente entendió que trasladar a los hoteles la tarea de cobrar un impuesto destinado exclusivamente a turistas extranjeros implicaba un riesgo jurídico y un costo operativo que la industria no podía asumir. La confirmación de que no actuarán como retenedores es vista por el sector como un avance significativo.

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El debate se centró en la complejidad del flujo turístico en Quintana Roo, un destino donde el visitante rara vez permanece en un solo punto. Chaves ejemplificó que un viajero puede hospedarse inicialmente en la Riviera Maya y luego pasar noches en Bacalar u Holbox, lo que vuelve imposible determinar qué empresa debe cobrar el Visitax y en qué momento. La ausencia de una figura legal que confiera a los hoteles la facultad de retener impuestos terminó por evidenciar lo impracticable del esquema.

La presión empresarial surgió también por el antecedente del cobro actual, que se realiza en aeropuertos y vía plataformas oficiales. Aunque el gobierno buscaba ampliar la recaudación del Visitax —cuyo monto se mantiene en 285 pesos por visitante extranjero—, el gremio insistió en que la responsabilidad fiscal no puede trasladarse a empresas privadas sin una estructura definida ni garantías de legalidad. La aclaración de que no se verán afectados ni obligados al cobro despejó uno de los principales temores de la industria.

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La postura del estado muestra una corrección de rumbo tras semanas de incertidumbre. Autoridades habían insistido inicialmente en incorporar a los hoteles como agentes recaudadores, en un intento por reducir la evasión y fortalecer los ingresos derivados del turismo. Sin embargo, la respuesta del sector dejó claro que asumir ese rol distorsionaría sus funciones, generaría conflictos con clientes y los colocaría en un terreno normativo que no les corresponde.

El caso también subraya la necesidad de afinar mecanismos de recaudación en destinos altamente fragmentados. En Quintana Roo conviven más de una docena de polos turísticos conectados por rutas terrestres y marítimas, lo que dificulta controles uniformes sin una infraestructura digital robusta. Para los hoteleros, el desafío del Visitax requiere soluciones centralizadas, no la transferencia de cargas administrativas a empresas que ya operan al límite por la competencia global y la presión de tarifas.

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La rectificación del gobierno es interpretada como un gesto de apertura hacia el diálogo con los sectores productivos. Aunque la intención de mejorar la recaudación permanece, la administración deberá replantear la estrategia sin comprometer la operación turística ni vulnerar la legalidad. Por ahora, el mensaje al mercado es que el Visitax seguirá vigente, pero sin interferir en las funciones internas de los hoteles.

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